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Casación rechazó un pedido de los presos de la cárcel de Ezeiza para usar teléfonos celulares durante la pandemia de coronavirus

La cárcel federal de Ezeiza
La cárcel federal de Ezeiza

La Cámara Federal de Casación Penal avaló hoy el sistema de comunicación por videoconferencia entre presos y sus familiares mientras dure el aislamiento social obligatorio por el coronavirus, al confirmar el rechazo al ingreso de teléfonos celulares en el cárcel de Ezeiza dependiente de Servicio Penitenciario Federal.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país, Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron por “inadmisible” una apelación presentada contra un fallo que rechazó un hábeas corpus presentado por los detenidos, según la resolución a la que accedió Infobae.

En el amparo, los detenidos plantearon que la prohibición de ingreso de teléfonos celulares para comunicarse con “sus familiares y allegados” hasta que cesen las restricciones a las visitas agravó sus condiciones de detención ante la pandemia de COVID-19

El planteo fue rechazado en la Justicia federal de primera instancia de Lomas de Zamora –jurisdicción de la cárcel de Ezeiza– y en la Cámara Federal de La Plata, ante lo cual el defensor público oficial, Pablo Ordoñez, y el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Agustín Carrique, apelaron en Casación. Ante este tribunal también se presentó –en este caso como amicus curiae– el titular de la Dirección Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Carlos Juan Acosta, para respaldar el pedido de ingreso de celulares.

En las tres instancias judiciales se determinó que la solución implementada a través del "Protocolo de Vinculación Familiar y Social a través de las videoconferencias" puesto en marcha por el Servicio Penitenciario Federal resulta "la que mejor se adapta a las circunstancias" y es "oportuna y razonable para afrontar la situación excepcional de pandemia" con respeto a "los derechos invocados".

Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Eduardo Riggi
Los jueces de Casación Diego Barroetaveña y Daniel Petrone.

Las videoconferencias se realizan vía Skype en salas que ya existían y en las áreas de visita y aulas que fueron acondicionadas. Además, según informes que recibió la Justicia, el 7 de abril el Ministerio de Justicia entregó a través del Servicio Penitenciario Federal computadoras personales marca Bangho con teclados, mouses y cables de alimentación para poner en marcha las videoconferencias.

La cárcel de Ezeiza, que –según cifras del SPF– tiene un total de 2.395 internos, cuenta con 16 salas de videoconferencia y según los responsables de la implementación del sistema de comunicación se dedican unas 8 horas y 40 minutos diarios al contacto virtual con familiares y allegados, con un total de 32 llamadas de 15 minutos cada una en cada sala. "En consecuencia, según lo observa este tribunal, dado que la población total del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza es de 2.395 internos, resulta que en menos de cinco días toda la población carcelaria podría acceder a una llamada por videoconferencia”, reza el informe que los penitenciarios sumaron a la causa judicial. El Servicio Penitenciario Federal informó también que en marzo pasado entregó 2.400 tarjetas telefónicas por valor de 100 pesos a cada uno de los internos detenidos en la cárcel de Ezeiza.

El voto que congregó la opinión de los tres jueces fue el de Barroetaveña. A sus argumentos adhirieron Petrone y Figueroa. En su voto, la camarista Figueroa instó a las autoridades del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y a la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a “la ampliación del sistema actual de videollamadas, a fin de garantizar a los internos una mayor frecuencia en las comunicaciones ya sea mediante la incorporación de nuevas terminales o bien la extensión del horario de uso de las salas existentes”.

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