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Piden 50 años de prisión para la banda que intentó copar la comisaría de San Justo para liberar a un preso y dejó parapléjica a una policía

El momento en que delincuentes intentaron tomar comisaría en San Justo y la policía los enfrentó a tiros (Carolina Villanueva- Joaquin Cavanaa/Infobae)

Un fiscal pidió este lunes una pena de 50 años de prisión para siete de los ocho acusados por el ataque en abril de 2018 a la comisaría de la localidad bonaerense de San Justo en el que una banda de atacantes armados intentaron liberar a un detenido y se enfrentaron en un tiroteo con cuatro policías. Como consecuencia de las heridas recibidas, una de las oficiales quedó parapléjica.

Los pedidos fueron realizados esta mañana por el fiscal de Ariel Speranza Rossi, secundado por Alejandra Nuñez, en el inicio de la jornada de alegatos en la Jefatura Departamental de La Matanza ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de la Matanza, presidido por el juez Franco Fiumara e integrado por los jueces Pablo Gayol y Nicolás Grappasonno.

Apelando a la sumatoria de penas, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que el fiscal Speranza Rossi solicitó medio siglo de prisión para Leandro David Aranda, de 25 años, -el preso que iba a ser rescatado-, su esposa Zahira Ludmila Bustamante, de 22, Gonzalo Fabián D’Angelo (25), Daniel Alberto Rodríguez (33), Tomas Sosa (22), Sebastián Ariel Rodríguez, (42) y la abogada Leticia Analía Tortosa (41) -que serían 20 años en caso de ser considerada partícipe secundaria-, además de una inhabilitación perpetua al haber atacado una “institución democrática” como es una comisaría, según confirmaron fuentes del proceso a Infobae.

Rastros de sangre en la dependencia tras el ata y el enfrentamiento a tiros con los oficiales
Rastros de sangre en la dependencia tras el ata y el enfrentamiento a tiros con los oficiales

Para el octavo imputado, en tanto, Bruno Damián Postigo Marullo, de 22 años, el fiscal solicitó una pena de 6 años por el delito de encubrimiento agravado.

La causa tenía además un noveno detenido, Tomás Villamil, quien se suicidó ahorcándose en el penal de San Nicolás luego de que la Justicia le dictara prisión preventiva en este expediente.

Los delitos por los que serán juzgados son varios: cuatro tentativas de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas ‘criminis causae’, contra un miembro de la seguridad pública y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego, portación ilegal de arma de guerra y evasión en grado de tentativa.

El fiscal dio por probado que a las 5:05 del 30 de abril de 2018, los imputados desplegaron un plan para rescatar a Aranda de uno de los cuatro calabozos de la comisaría Distrital Noroeste 1ra. San Justo, en el que esa madrugada había un total de 43 detenidos.

Así quedó la comisaría en San justo tras el ataque
Así quedó la comisaría en San justo tras el ataque

Según la acusación en su contra, los miembros de la banda -que contaba con por lo menos dos armas de fuego y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad- se dividieron en dos grupos: uno se quedó afuera para resguardar la zona y los otros ingresaron a la seccional y dispararon contra el personal policial que se encontraba de guardia, con el propósito de causarles la muerte.

En su alegato, el fiscal Speranza Rossi habló de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”.

Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villareal, la única alcanzada por al menos dos disparos que le provocaron lesiones “gravísimas” -las balas afectaron su pulmón derecho, un riñón, el hígado, el diafragma y le provocaron una lesión medular en la vértebra 12- y la dejaron parapléjica en forma “permanente y definitiva”.

Rocío Villarreal, la policía baleada durante el enfrentamiento y quedó parapléjica
Rocío Villarreal, la policía baleada durante el enfrentamiento y quedó parapléjica

La reacción de los policías, que lograron repeler la agresión, hizo que la banda cancelara el golpe de inmediato y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.

Los dos principales acusados y señalados como los organizadores del golpe son Aranda y su esposa Bustamante, quien, según sostuvo hoy el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses. “No soy jefa de banda alguna, no planifiqué la fuga de mi marido y no conseguí armas ni uniformes”, había dicho Bustamente tras el hecho en una “carta pública” que fue difundida por su abogada. “Mi única culpa fue haberme enamorado”, aseguró.

Aranda estaba preso desde 2017 acusado por un crimen narco en una villa de La Matanza y, según indicó hoy el fiscal Speranza Rossi, “tenía problemas afuera” y debía salir de la comisaría porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal.

Uno de los integrantes de la banda que atacó la comisaría de San Justo en 2018
Uno de los integrantes de la banda que atacó la comisaría de San Justo en 2018

La por entonces abogada de Aranda, Leticia Analía Tortosa, en tanto, está acusada de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a su defendido el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se comunicó con la banda para planificar el hecho.

Durante la investigación posterior se incorporaron también a la causa los videos de seguridad de su visita integran la causa como prueba -a pesar de que Tortosa negó esa acusación en su indagatoria- y decenas de mensajes de texto y de audio extraídos del teléfono que tenía Aranda, antes, durante y después del ataque. “Si no se tiene que tirar un tiro, joya. Y si los tenemos que matar a todos, los vamos a matar”, es una de las frases que se extrajo de los intercambios.

Durante la investigación posterior se incorporaron también a la causa los videos de las cámaras de la comisaría que captaron la entrada, el ataque y la fuga de los delincuentes. Si bien el juicio iba a comenzar originalmente en abril de 2020, las audiencias se pospusieron cuando el año pasado se paralizaron algunas actividades judiciales por el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

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